En una audiencia ante la Cámara Criminal y Correccional Federal, el organismo participó como Amici Curiae. La Defensora, Cynthia Ottaviano, le solicitó a los magistrados resolver el conflicto en el ámbito administrativo y no en el penal.

La Defensoría del Público participó en una audiencia ante la Cámara Criminal y Correccional Federal con motivo de la apelación del procesamiento de Martín Sande, miembro de la cooperativa Antena Negra TV, quien fue procesado penalmente por la emisión de contenidos audiovisuales en un canal digital específicamente destinado para ese fin, que interfirieron la señal de Prosegur que actualmente utiliza esa frecuencia, a pesar de existir una norma legal vigente -Decreto 2456/2014- que ordena la inmediata migración de operadores no audiovisuales de ese canal.

La asistencia de la Defensora del Público, Lic. Cynthia Ottaviano a la audiencia, se dio en calidad de Amici Curiae. Allí, Ottaviano explicó a los jueces Martín Irurzun y Eduardo Freiler el cambio de paradigma que significó la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), que reconoció la comunicación como un derecho humano del que es titular el público, superando la anterior concepción mercantilista que excluía a medios comunitarios o sin fines de lucro.

"En esta Sala hoy puede decidirse una bisagra luminosa o una oscura para la democracia. No estamos ante un hecho criminal, comunicar es un derecho humano", sostuvo Ottaviano y agregó: "no vaciemos la palabra seguridad de contenido de derechos humanos para llenarla de negocios. Aquí no hay clandestinidad ni ilegalidad. Las audiencias tienen derecho a ver televisión en la frecuencia en disputa. Inseguridad sería que esta Sala condene a prisión a un comunicador, a una persona, por defender el derecho humano a la comunicación. Sin la faz colectiva de ese derecho no habría democracia posible y nadie quiere volver a las épocas más oscuras de este país".

Por ello alegó ante los jueces que "la comunicación comunitaria, alternativa y popular no es un accionar delictivo sino la expresión más genuina de un pueblo, en el ejercicio de su derecho humano a la comunicación. Derecho humano que debe ser salvaguardado por todas las instancias del Estado, evitando toda medida persecutoria de aquello que debe promover y proteger para mejorar la vida en democracia".

En ese sentido, afirmó que "el lugar de resolución de los conflictos que se generen en el ejercicio de ese derecho no puede ser el fuero penal, sino que debe ser el ámbito administrativo", tal como lo prevé el artículo 162 de la LSCA, que establece soluciones no criminalizantes.

La Defensora recordó a los magistrados que en su informe anual 2015, la Relatoría sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), destacó la importancia de que el Estado resuelva este tipo de conflictos legales a través de mecanismos administrativos para lo cual citó como positivos los argumentos del Amici Curiae de la Defensoría. “La Relatoría tiene especialmente en cuenta el desarrollo de este caso y el posicionamiento del Estado argentino en relación al cumplimiento de los estándares de libertad de expresión y acceso a la información como garantías de igualdad para el sector comunitario de la comunicación audiovisual, particularmente respecto de los avances en políticas de reconocimiento legal, reserva del espectro y condiciones igualitarias de acceso a las licencias para los medios comunitarios”, afirmó la CIDH.

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La rúbrica con la casa de estudios permitirá generar actividades pedagógicas en pos del derecho humano a la comunicación. Junto a periodistas locales, la Defensora respondió sus preguntas, reflexionó y dialogó. También mantuvo una charla con alumnos.

La Defensoría del Público continúa recorriendo y trabajando con instituciones y organizaciones de todo el país. En una intensa jornada, la Defensora, Lic. Cynthia Ottaviano, firmó un convenio con las autoridades de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), mantuvo una extensa charla con periodistas y participó de la mesa debate “Derecho a la comunicación en la Argentina de hoy: hacer caminos y trazar rumbos”.

El convenio entre el organismo y la casa de estudios se produce con el fin de generar actividades de contribución recíproca a la maestría en comunicación institucional que dicta la Universidad y a la Biblioteca Petrona Rosende de la Defensoría. Al respecto la Defensora aseguró: “resulta fundamental seguir socializando la producción académica, abriendo la producción científica a la comunidad, así como los saberes que se producen en los barrios, sindicatos y muchos otros lugares. esta tarea es clave para la Defensoría y para las audiencias. Por eso en esta oportunidad expresó mi gratitud a las autoridades de la universidad por celebrar este encuentro y decidir qué trabajemos juntos”.

El rector de la UNSL, Felix Nieto Quintas, saludó la posibilidad del trabajo en conjunto y propuso profundizar la labor que la Defensoría lleva a cabo con el Consejo Interuniversitario Nacional para generar presencia del organismo en universidades de todo el país, “lo veo como una cosa totalmente posible” dijo Quintas. En tanto, la decana de la Facultad de Ciencias Humanas (FCH) de la UNSL, Viviana Reta, afirmó: “Celebro el convenio que hemos firmado ya que posibilita becar a algunos estudiantes de posgrado para que estudien en nuestra casa y también celebro que sea con quien está trabajando en mejorar los derechos de ciudadanía que no tienen que ver con un consumidor si no en el sentido del derecho al ciudadano”. La vice decana, Rosa Soria Boussy, recalcó: “Hemos dado un paso importante” y agregó: “Desde la universidad se hicieron aportes y sugerencias a la redacción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, lo cual siempre nos ha enorgullecido”.

Más tarde, la Defensora mantuvo un encuentro con periodistas que acercaron sus inquietudes sobre distintos aspectos de la comunicación y la actualidad, allí Ottaviano reflexionó: “Estamos en una transformación cultural. Si alguien cree que esto lo vamos a lograr modificar en un día o dos, evidentemente tiene una perspectiva sesgada de la problemática, esta es una decisión social, colectiva, la de tener una comunicación que sea inclusiva, democrática, que no silencia más a distintos grupos que han sido históricamente silenciados y vulnerados, a tener imágenes de las mujeres que sean integrales en los servicios de comunicación audiovisual”.

Luego, en la mesa debate “Derecho a la comunicación en la Argentina de hoy: hacer caminos y trazar rumbos”, Ottaviano aseguró: “Tenemos que hacer esfuerzos por pensar primero cómo es nuestra sociedad, generar inicialmente las representaciones reales para no reproducir las mediáticas discriminatorias. Ese es el problema que nosotros hemos visto en el ámbito de la Defensoría del Público, que las reproducciones de las construcciones de subjetividades se hacen por la emulación de lo hecho históricamente, como consecuencia de intereses económicos e ideológicos de unos pocos, que distan mucho de los de las mayorías".

La docente investigadora de Poryectos Consolidados “Comunicación y Ciudadanía” FCH UNSL, Luz María Viñals, dijo: “El derecho a la comunicación tiene un contenido fundamental y a la vez instrumental como precondición para el ejercicio de otros derechos en las sociedades democráticas actuales y el estandar fundamental sentado por el principio de progresividad y no regresividad en materia de derechos humanos reza que el estado no debe retroceder en aquellas conquistas ya ganadas”. En tanto la docente de la Maestría en Comunicación Institucional UNSCL, María Soledad Segura afirmó: “El derecho a comunicar también se trata de tomar la voz pública para cambiar el status quo y es en este sentido, que el derecho a la comunicación es una condición necesaria para la defensa, la ampliación y el ejercicio de otros derechos civiles, sociales y políticos.

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El organismo reiteró la solicitud realizada un mes atrás al Ente Nacional de Comunicaciones para que garantice la continuidad del servicio audiovisual. También informó a la Relatoría de la CIDH y expresó su repudio ante el grave ataque.

La Defensoría del Público expresa su repudio ante el grave ataque a la libertad de expresión sufrido por los y las trabajadoras de Radio América y Tiempo Argentino, quienes recibieron agresiones en el lugar donde desempeñan sus tareas. De acuerdo con la denuncia presentada ante la Justicia, una patota de al menos 20 personas ingresó por la fuerza en las instalaciones de Radio América (donde también funciona el diario Tiempo Argentino), y provocó lesiones a los y las trabajadoras ante la inacción policial. Además, hubo destrozos en el inmueble.

El organismo informó de la situación en relación a Radio América a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y reiteró la solicitud al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para que adopte medidas que garanticen la continuidad del servicio de comunicación audiovisual y la seguridad de las personas que trabajan en el lugar. En una nota firmada por la Defensora del Público, Lic. Cynthia Ottaviano, dirigida a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, la Defensoría advirtió sobre los hechos sucedidos. 

Por otra parte, el organismo reiteró el pedido realizado hace un mes al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para que informe sobre las medidas tomadas en pos de una solución del conflicto en Radio América o "adopte medidas urgentes y efectivas que garanticen la continuidad del servicio de comunicación y la seguridad de los y las trabajadoras".

La Defensoría considera que se trata de un ataque gravísimo a la libertad de expresión y recalca la irresponsabilidad de los licenciatarios y el rol clave que tiene el Estado como garante del derecho humano a la comunicación y del ejercicio del pleno derecho a la libertad de expresión, establecidos en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).

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Lo señaló la Defensora del Público, Cynthia Ottaviano en el Congreso de la Mesa Multisectorial por el Trabajo, la Ficción y la Industria Nacional Audiovisual en el que representantes de distintos ámbitos del sector compartieron y analizaron el escenario.

La Defensoría del Público participó del 1° Congreso Nacional por el Trabajo, la Ficción y la Industria Nacional Audiovisual organizado por sectores de la interpretación, actuación, producción independiente, autoría, producción Pyme, dirección cinematográfica, de obras audiovisuales para televisión, edición y música; agrupados en la Mesa Multisectorial por el Trabajo, la Ficción y la Industria Nacional Audiovisual.

En el encuentro, que se llevó a cabo en el hotel Panamericano, se plantearon las problemáticas que atraviesa el sector en la producción de ficción nacional, con disminución y pérdida del trabajo local en medios de comunicación, redes y plataformas diversas. “Desde la Defensoría del Público, sepan que vamos a bregar siempre porque haya una industria cultural y audiovisual nacional, que sea potente y en la que se exteriorice ese derecho humano a la comunicación, en la que las representaciones sean plurales y diversas, y en las que no se discrimine ni estigmatice, en definitiva, que no se deje de lado a los grupos que históricamente fueron vulnerados. Eso es un derecho, no un mero negocio”, aseguró la Defensora del Público, Lic. Cynthia Ottaviano.

El coordinador de la Multisectorial, Guillermo Tello, agradeció la presencia de la Defensora: “La Defensoría del Público, fue la primera institución que nos dio la entidad a esta multisectorial. Nos recibió en sus oficinas escuchando nuestras propuestas y nuestros planteos, y eso, sin lugar a dudas nos puso en un espacio distinto ya que reconocía nuestro trabajo con las inquietudes y las preocupaciones que conllevaba”.

Ante el numeroso auditorio compuesto por representantes y trabajadoras y trabajadores del sector, Ottaviano, también se refirió a las consecuencias de la concentración comunicacional: “Lo que conlleva es la homogeneización de las líneas editoriales, los criterios y las jerarquizaciones periodísticas y la pérdida de puestos de trabajo. Lo importante es reconocer que esas concentraciones comunicacionales terminan siendo un factor decisivo de poder y de presión para los gobiernos y que es peor aún cuando son esas concentraciones comunicacionales las que no solo están en alianza, si no cuando verdaderamente se transforman en los gobiernos”.

La Defensoría del Público trabaja junto a la Mesa Multisectorial por el Trabajo, la Ficción y la Industria Nacional Audiovisual que se acercó al organismo para interiorizar acerca de preocupaciones, propuestas e inquietudes en relación a las modificaciones de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual impuestas por el Poder Ejecutivo y su impacto en los puestos laborales.

La Mesa Multisectorial agrupa a la Asociación Argentina de Intérpretes (AADI), la Asociación Argentina de Actores, la Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales (APIMA), la Sociedad General de Autores de la Argentina (argentores), la Cámara Argentina de Productoras Pymes Audiovisuales (CAPPA), Directores Argentinos Cinematográficos (DAC), Directores de Obras Audioviuales para Televisión (DOAT), Asociación Argentina de Editores Audiovisuales (EDA), Federación Argentina de Músicos Independientes (FA-MI), Sindicato Argentino de Autores (SADA), Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC), Sindicato Argentino de Músicos (sadem), Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI), Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID), Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (SICA) y el Sindicato Único de Trabajadores Espectáculo Público (SUTEP).

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La charla con Cynthia Ottaviano se llevó a cabo en el Salón Gorostiaga del Palacio de Tribunales y se transmitió en vivo para delegaciones judiciales de todo el país bajo el título “Alcance y comprensión de la violencia mediática y simbólica”.

Desde distintas regiones del país, integrantes del Poder Judicial de la Nación participaron de una videoconferencia con la Defensora del Público, Lic. Cynthia Ottaviano, organizada por la Oficina de la Mujer de la Corte de Suprema de Justicia de la Nación. La charla se llevó a cabo en el Salón Gorostiaga del Palacio de Tribunales y se transmitió en vivo para delegaciones judiciales de todo el país bajo el título “Alcance y comprensión de la violencia mediática y simbólica”.

“Después de tres años de experiencia positiva, mi mensaje es mucho más esperanzador que cuando comencé con esta tarea, porque evidentemente hay múltiples soluciones para los múltiples conflictos comunicacionales que hay tanto en la radio como en la televisión, en el campo publicitario, en el ficcional o en el periodístico. Creo que si bien es cierto que el camino pedagógico y el dialógico es más largo que el sancionatorio o el punitivo, desde mi punto de vista los resultados son mucho más prolíficos”, aseguró Ottaviano.

La Defensora también interactuó y recibió inquietudes de distintas ciudades de Río Negro, Chaco, Salta, Tierra del Fuego, Misiones, Entre Ríos, Córdoba, La Pampa, y Chubut en relación al trabajo que lleva a cabo el organismo y a sus alcances. Ante una de las preguntas relacionadas al alcance del Decreto de Necesidad y Urgencia que modificó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, emitido por el Poder Ejecutivo, Ottaviano afirmó: “Las modificaciones a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual han sido regresivas”. Y agregó: “Modificaron la institucionalidad que se había creado, con los cuerpos colegiados y las distintas representaciones de los todos los sectores de la comunicación en la aplicación de esta ley por una comunicación democrática y, concretamente, la derogación de los artículos que le ponían límite a la comunicación concentrada, que le daban potestades al Estado para investigar la composición horizontal y vertical de las licenciatarias, y esto ha sido regresivo en materia de comunicación audiovisual y del sistema interamericano de derechos humanos”.

Ottaviano se refirió a distintos aspectos relacionados a la comunicación. “Es necesario reconocer que los medios de comunicación construyen sentido”, afirmó. Y reflexionó: “Cada posibilidad comunicacional es también una oportunidad de incluir”. Por otra parte se refirió a la Ley de medios audiovisuales: “Hemos llegado a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual después de años de lucha para tener una comunicación democrática”.

De esta manera se profundizó el trabajo en conjunto que llevan a cabo la Defensoría del Público y la Oficina de la Mujer, a cargo de la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco, quien a principios de 2016 mantuvo una reunión con la Defensora a quien elogió por la labor del organismo.

 

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