Tal como hiciera con periodistas, productores audiovisuales y distintos actores de la comunicación; la Defensoría del Público se reunió con integrantes del sector comunitario que describieron las principales problemáticas que afectan sus actividades.

La Defensoría del Público recibió a integrantes de distintas redes que agrupan a cientos de medios comunitarios que manifestaron como principales preocupaciones la distribución de la pauta oficial, la demora en el pago y puesta en marcha en 2016 de los Fondos de Fomento Concursables para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) como así también el retraso en el otorgamiento de licencias, y el aumento de tarifas de servicios esenciales.

Por otra parte, las redes de medios del sector comunitario se comprometieron a generar un relevamiento a nivel nacional para establecer un informe de situación con el fin de que el organismo amplifique esos reclamos ante las autoridades correspondientes. De esta manera, medios comunitarios, populares, campesinos e indígenas reclaman por el ejercicio del derecho humano a la comunicación y libertad de expresión que se ven afectados por problemas en la sostenibilidad y en posibilidades de crecimiento.

“Se está generando un escenario en el cual parece que hubiera una especie de darwinismo mediático, donde el que puede sobrevivir queda y no una política pública que lo que busque sea profundizar la democracia a través de las promoción de los distintos sectores de la comunicación”, aseguró la Defensora del Público, Lic. Cynthia Ottaviano.

La integrante de la Red Colmena, Laura Yanella expresó: “Nosotros nos propusimos sostener lo que logramos, quisiéramos crecer que era lo que veníamos proyectando pero estamos haciendo el esfuerzo de no perder un piso, lo estamos haciendo con mucho esfuerzo pero no sé hasta dónde lo vamos a poder sostener”.

“La preocupación está instalada y tenemos la necesidad de empezar a hacer algo, nos preguntamos por que a Clarín le dan pauta y a nosotros no” reflexionó Beatriz Robles de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC). Por su parte el integrante del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), Javier Daruich aseguró: “Sin aviso se cortó un flujo de dinero y hay que hacer malabares, la verdad es complicado, la pauta nacional está completamente cortada y los FOMECA hay retenidos con cuotas que no se ejecutan y es complicado”. También participó de la reunión el integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena, Santiago irurtia.

Como consecuencias directas de las problemáticas planteadas, quienes asistieron a la reunión aseguraron que “se están produciendo interrupciones en el pago de salarios, cortes de programación, un apagón informativo, mudanzas y reducciones de espacios, escenario que representa una sostenibilidad amenazada”.

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Con preocupación por las medidas que limitan los derechos de quienes trabajan en los medios, el organismo formó parte de una radio abierta, dio una charla en la UAI y estuvo en una movilización en reclamo de los puestos laborales en el sector.

En el día del periodista, la Defensoría del Público expresó su profunda preocupación y rechazo ante cualquier medida que pueda limitar los derechos de quienes trabajan en los servicios de comunicación audiovisual, en relación al artículo 85 del proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo Nacional sobre "blanqueo de capitales". Además, participó en una radio abierta en Morón, provincia de Buenos Aires, en defensa de los medios locales y regionales, por la libertad de expresión, el pluralismo y el derecho a la información de la comunidad. Luego, disertó en una charla organizada por la Universidad Abierta Interamericana (UAI) y participó de una masiva movilización de trabajadores y trabajadoras de la comunicación de todo el país en reclamo de los puestos laborales en el sector.

La Defensoría también entregó guías para tratamientos responsables de distintas temáticas como herramientas para quienes se encargan de la tarea de comunicar, como resultado de un proceso de reflexiones y acciones colectivas. Por una parte, de los diagnósticos comunicacionales desplegados a partir de las denuncias del público, junto con los Monitoreos de Noticieros de la Televisión Abierta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llevados adelante por la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo del organismo, que permitieron corroborar y ampliar las tendencias explicitadas por las audiencias.

Por otra parte, son producto del desarrollo de mesas de trabajo organizadas por la Defensoría con quienes trabajan en los medios de comunicación de todo el país y en los campos específicos para reflexionar y debatir sobre el tratamiento mediático de distintos temas. De este modo, estos documentos se proponen conjugar el derecho a la libertad de expresión, con la responsabilidad social de quienes ejercen el periodismo, el derecho de las audiencias a recibir información relevante y el derecho de las personas afectadas a recibir un tratamiento mediático respetuoso y no discriminatorio.

“Todos tenemos la posibilidad de dar y recibir información, pero sobre todo tenemos un derecho de alcance colectivo que es el de conocer las opiniones, las expresiones e ideas de las otras personas”, aseguró la Defensora del Público, Lic. Cynthia Ottaviano, en la radio abierta ubicada en las puertas de la Legislatura de Morón. Y agregó: “No hay forma de tomar decisiones en la democracia si no es a través del acceso a la información”.

Por su parte, el periodista, fundador y director de El diario de Morón y secretario de Derechos Humanos de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA), Javier Romero, agradeció la presencia de la Defensora: “Los trabajadores de prensa y los medios de Morón te agradecemos que estés acá acompañando y que hayas venido no sólo a solidarizarte, si no a traer una mano, una mirada y un apoyo frente a una pelea que nosotros entendemos que recién empieza, pero que en realidad empezó hace mucho”.

Más tarde, la Defensora dio una charla en el auditorio de la Usina del Arte, en una jornada sobre periodismo con dos días de debate, reflexión y análisis sobre el mundo profesional, organizada por la UAI y declarada de interés educativo por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ante más de 150 estudiantes de diversos grados de formación, secundaria con orientación en comunicación, terciarios, universitarios de grado, posgrado y espectadores, reflexionó: “Mi mensaje para el día del periodista es que pongamos todo nuestro esfuerzo para desnaturalizar lo que viene dicho y que parece inamovible, cuestionemos aquello que se replica una y otra vez, cuando está de la mano del negocio y está alejado en las necesidades que tenemos en una sociedad democrática como la que queremos vivir”.

En esa línea, el diputado del Parlasur y ex gobernador de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, aseguró: “Nosotros pasamos de un Estado represor, censor y oscurantista a una forma de censura un poco más sutil, pero censura al fin que es el monopolio, entonces nos acostumbramos. Nos parece natural vivir en este diseño mediático donde la agenda la impone quien tiene el poder de instalación poniendo en tapa o tapando, y ahí es donde la tarea de Cynthia y la Defensoría ha sido muy importante para poder ilustrar y reflexionar con aquellos que emiten sobre la responsabilidad que tienen”.

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La Defensoría del Público alerta ante una nueva amenaza a la libertad de expresión
Es por el proyecto de ley sobre "blanqueo de capitales" que, en su artículo 85, restringe el derecho a informar y a informarse sobre asuntos de interés público y relevancia institucional.

Ante el proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo Nacional sobre "blanqueo de capitales" que, en su artículo 85, restringe el derecho a informar y a informarse sobre asuntos de interés público y relevancia institucional, la Defensoría del Público expresa su profunda preocupación y rechazo ante cualquier medida que pueda limitar los derechos de quienes trabajan en los servicios de comunicación audiovisual y las audiencias.

Por tal motivo, en el día de la fecha, esta Defensoría envió una nota a legisladoras y legisladores del Congreso Nacional solicitando la urgente exclusión del artículo y la importancia de que asuman reflexivamente las responsabilidades que les asisten en la protección de la libertad de expresión, comunicación e información que los Tratados internacionales, la Constitución Nacional y las leyes vigentes garantizan.

En dicha nota, la Defensoría recordó que los tratados internacionales de Derechos Humanos con rango constitucional y los principios de protección de la libertad de expresión son la guía insoslayable que exige al Congreso Nacional tomar los recaudos más estrictos para analizar este tipo de proyecto de ley. También recordó que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 26.522, reconoce a la información como un derecho y al público como sujeto con capacidad para exigir su cumplimiento. Por ende, cualquier restricción de la información de interés público vulnera los derechos de las audiencias.

Por otra parte, es necesario destacar que, el proyecto del Poder Ejecutivo elige la más gravosa opción respecto de la vigencia del derecho a la comunicación: recurrir a la vía penal, estableciendo para “terceros que divulguen o reproduzcan documentación o información de cualquier modo relacionado con las declaraciones voluntarias y excepcionales” penas de hasta dos años de prisión y sanción económica con multas de fuerte carácter inhibitorio, generando efectos disuasivos para la emisión de informaciones de interés público y relevancia institucional.

En consecuencia, además de limitar la libertad de expresión, este proyecto se convierte en una amenaza contra quienes trabajan en los medios de comunicación y en una lesión para las audiencias, lo que motiva un enérgico repudio por parte de esta Defensoría y la recomendación de no seguir atentando contra la libertad de expresión y opinión a través de este tipo de medidas.

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Ante el tratamiento de casos de violencia sexual que afectan a niños y niñas, la Defensoría les recuerda a quienes trabajan en los servicios de comunicación audiovisual las obligaciones que surgen de la LSCA y otras normas. Aquí, las recomendaciones.
  • Realizar una cobertura respetuosa de los derechos antes que una mediatización sensacionalista y espectacularizante de lo sucedido.
  • Procurar un abordaje riguroso, no basado en conjeturas o supuestos, sino en fuentes pertinentes y especializadas.

- Se recomienda sumar esfuerzos para identificar las fuentes utilizadas para que puedan ser conocidas por el público.

- Brindar información precisa sobre las investigaciones o el estado del proceso judicial si lo hubiera, respetando la reserva de información procesal que pudieran disponer las autoridades judiciales.

- Priorizar la formulación de titulares que condensen información relevante del caso, en lugar de utilizar el recurso gráfico para captar audiencias por mero rating a través del impacto que supone la síntesis de los datos más traumáticos.

  • Procurar que los y las profesionales especializados consultados para tratar casos de violencia sexual garanticen el respeto de los derechos de niños o niñas víctimas.
  • No difundir información que permita identificar a las víctimas dado que la exposición puede comprometer sus derechos.

- Extremar los recaudos para preservar la identidad de niños, niñas y adolescentes.

- Evitar tanto la identificación directa -difusión de datos personales, imá-genes de vivienda, fotografías y videos sin blurear y audios sin editar (alterando la voz para evitar el reconocimiento)- como la indirecta -difusión de nombres de los padres, familiares, imágenes de escuela y demás espacios de pertenencia.

  • Aún cuando los operadores policiales y/o judiciales brinden información acerca del caso o de las partes, evitar toda vulneración de los derechos.
  • Evitar la estigmatización de las víctimas y de su entorno.
  • Evitar realizar cualquier afirmación que tienda a culpabilizar a las víctimas y deslegitimar sus demandas.
  • Se recuerda la necesidad imperiosa de respetar la vida privada de las personas.

- Por ello se recomienda no exhibir información, fotos o datos personales que correspondan a la esfera de privacidad o intimidad, ni detalles escabrosos de los sucesos de los que son víctimas, o que puedan afectar su dignidad u honor o el desarrollo normal de su vida futura o provocar un mayor sufrimiento.

  • Realizar abordajes respetuosos de la situación que atraviesan víctimas y familiares. Para ello es importante:

- No exponer a cámara o entrevistar a personas en estado de conmoción o cualquier otro estado emocional derivado del hecho que motiva la denuncia.

- Evitar la utilización de primerísimos planos y del zoom in para captar el sufrimiento de las personas afectadas.

- Procurar no centrar la comunicación del hecho en la descripción por-menorizada y repetitiva de lo escabroso-dramático, ya que este tipo denarrativas devienen en una revictimización de las personas afectadas.

  • Brindar información orientadora y preventiva que ayude a la población a abordar la problemática.
  • Contextualizar las problemáticas, a fin de contribuir a la comprensión social y al desarrollo de estrategias de prevención.
  • Finalmente, las coberturas deben ser respetuosas de los derechos de niñas, niños y adolescentes que establecen la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, especialmente: a) El derecho al interés superior; b) El derecho a la dignidad y a la integridad personal; c) El derecho a la vida privada e intimidad familiar; d) El derecho a la dignidad; e) El derecho a opinar y ser oído. Esta recomendación alude a niñas, niños y adolescentes en tanto protagonistas de los casos como así también en calidad de audiencias de los servicios de comunicación audiovisual.
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En una reunión convocada en la cámara baja junto a trabajadores y trabajadoras de la comunicación, la Defensora Cynthia Ottaviano solicitó a legisladoras y legisladores que se implementen medidas contra los despidos masivos y arbitrarios en los medios.

La Defensora del Público, Lic, Cynthia Ottaviano, pidió a diputadas y diputados que integran la Comisión de Libertad de Expresión “medidas urgentes y efectivas contra los despidos masivos y arbitrarios a trabajadores y trabajadores de los servicios de comunicación audiovisual”, en una reunión informativa que se llevó a cabo en el anexo de la cámara baja junto a representantes de trabajadores y trabajadores de distintos medios que llevaron reclamos por la situación laboral en los medios de comunicación de todo el país.

Invitada por la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, Ottaviano aseguró: “Aquí estamos en defensa del derecho humano a la comunicación, en el que el Estado tiene un rol de salvaguarda. Esto no podemos olvidarlo ni puede ser soslayado. No estamos hablando solamente de conflictos laborales, les pido por favor que no atomicen las realidades que están describiendo los trabajadores y trabajadoras. No estamos hablando de un conflicto particular, estamos hablando de lesiones muy claras en todos los estamentos posibles del trabajo en los servicios de comunicación audiovisual que concluye en una lesión a este derecho humano a la comunicación y a la libertad de expresión”.

Y continuó: “Les pido responsabilidad y sensibilidad, no sólo solidaridad, les pido también que tengan conciencia frente a la encrucijada histórica en que estamos hoy cada uno de los que ocupamos responsabilidades en el ámbito del Estado y tomen estas medidas de manera urgente, que sean efectivas y frenen estas vulneraciones porque no hay democracia posible sin libertad de expresión y derecho humano a la comunicación, y eso es lo que se está vulnerando”.

Por su parte, el integrante de Radio América y miembro del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Gabriel Michi, señaló: “Como miembro de FOPEA me encomendaron que comente que la situación que se está viviendo de despidos y desempleo en el periodismo no tiene precedentes en la historia argentina por múltiples motivos. Nunca ha habido tantos despidos en tan poco tiempo de periodistas y no estamos haciendo ningún tipo de análisis político y tiene una afectación directa en la libertad de expresión porque son voces que se acallan y la realidad es que desaparecen”.

El presidente de la Comisión, el diputado Remo Carlotto, expresó: “Esta convocatoria la hacemos en continuidad a la primera reunión que realizó esta Comisión invitando a quienes fueron los peticionantes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con respecto a la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y el decreto de necesidad y urgencia que emitió el presidente Macri dando por terminada la aplicación plena de la Ley”.

La integrante de la Federación de Trabajadores de la Comunicación (Fetracom) de Rosario, Santa Fe, Stella Hernández, enfatizó: “Les pido a los legisladores y legisladoras que tomen en cuenta que esa ley que ahora está en un limbo, es una ley por la cual pelamos todos, los trabajadores, las organizaciones libres del pueblo, y que hoy en día se está reviendo y está ejerciéndose un poder absolutamente distinto al estpíritu que tenía. Yo era representante en el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, uno de los tres lugares que ocupábamos los trabajadores y hemos perdido también esa instancia y les pido que tomen en cuenta que así como lo dijo muy bien la Defensora, el tema de la cuestión laboral en los medios de comunicación va unida al derecho al derecho a la comunicación, al derecho de las audiencias y al derecho de toda la sociedad a recibir y emitir información".

El diputado Omar Plaini aseguró: “Lamento mucho el poco compromiso de algunos diputados que no vinieron”. Y resaltó el informe que hizo la Defensora: “Muy completo. Y preocupante la situación informada por defensora del Público, Cynthia Ottaviano”. En tanto, la diputada Cornelia Schmidt, aportó: “A lo que dijo la Defensora hay un punto que es fundamental: es citar, como ya pidieron los trabajadores, a los responsables, a los empresarios”.

La reunión contó con la representación de trabajadores y trabajadoras de los diarios Buenos Aires Económico (BAE), El Argentino zona Norte, Tiempo Argentino y La Nación; Editorial Atlántida, la agencia de noticias Télam, las radios América, Madre, Kermes de La Pampa, Nacional; el canal 360 TV, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) y la (Fetracom) de Rosario. Según un relevamiento realizado por la Defensoría del Público en una reunión con trabajadoras, trabajadores y representantes sindicales, en los últimos seis meses, más de 2500 personas que se desempeñan en la radio y en la televisión se encuentran enfrentan despidos masivos y arbitrarios, precarización laboral y persecución sindical e ideológica.

La versión taquigráfica completa de la reunión aquí

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