En una reunión convocada en la cámara baja junto a trabajadores y trabajadoras de la comunicación, la Defensora Cynthia Ottaviano solicitó a legisladoras y legisladores que se implementen medidas contra los despidos masivos y arbitrarios en los medios.

La Defensora del Público, Lic, Cynthia Ottaviano, pidió a diputadas y diputados que integran la Comisión de Libertad de Expresión “medidas urgentes y efectivas contra los despidos masivos y arbitrarios a trabajadores y trabajadores de los servicios de comunicación audiovisual”, en una reunión informativa que se llevó a cabo en el anexo de la cámara baja junto a representantes de trabajadores y trabajadores de distintos medios que llevaron reclamos por la situación laboral en los medios de comunicación de todo el país.

Invitada por la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, Ottaviano aseguró: “Aquí estamos en defensa del derecho humano a la comunicación, en el que el Estado tiene un rol de salvaguarda. Esto no podemos olvidarlo ni puede ser soslayado. No estamos hablando solamente de conflictos laborales, les pido por favor que no atomicen las realidades que están describiendo los trabajadores y trabajadoras. No estamos hablando de un conflicto particular, estamos hablando de lesiones muy claras en todos los estamentos posibles del trabajo en los servicios de comunicación audiovisual que concluye en una lesión a este derecho humano a la comunicación y a la libertad de expresión”.

Y continuó: “Les pido responsabilidad y sensibilidad, no sólo solidaridad, les pido también que tengan conciencia frente a la encrucijada histórica en que estamos hoy cada uno de los que ocupamos responsabilidades en el ámbito del Estado y tomen estas medidas de manera urgente, que sean efectivas y frenen estas vulneraciones porque no hay democracia posible sin libertad de expresión y derecho humano a la comunicación, y eso es lo que se está vulnerando”.

Por su parte, el integrante de Radio América y miembro del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Gabriel Michi, señaló: “Como miembro de FOPEA me encomendaron que comente que la situación que se está viviendo de despidos y desempleo en el periodismo no tiene precedentes en la historia argentina por múltiples motivos. Nunca ha habido tantos despidos en tan poco tiempo de periodistas y no estamos haciendo ningún tipo de análisis político y tiene una afectación directa en la libertad de expresión porque son voces que se acallan y la realidad es que desaparecen”.

El presidente de la Comisión, el diputado Remo Carlotto, expresó: “Esta convocatoria la hacemos en continuidad a la primera reunión que realizó esta Comisión invitando a quienes fueron los peticionantes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con respecto a la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y el decreto de necesidad y urgencia que emitió el presidente Macri dando por terminada la aplicación plena de la Ley”.

La integrante de la Federación de Trabajadores de la Comunicación (Fetracom) de Rosario, Santa Fe, Stella Hernández, enfatizó: “Les pido a los legisladores y legisladoras que tomen en cuenta que esa ley que ahora está en un limbo, es una ley por la cual pelamos todos, los trabajadores, las organizaciones libres del pueblo, y que hoy en día se está reviendo y está ejerciéndose un poder absolutamente distinto al estpíritu que tenía. Yo era representante en el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, uno de los tres lugares que ocupábamos los trabajadores y hemos perdido también esa instancia y les pido que tomen en cuenta que así como lo dijo muy bien la Defensora, el tema de la cuestión laboral en los medios de comunicación va unida al derecho al derecho a la comunicación, al derecho de las audiencias y al derecho de toda la sociedad a recibir y emitir información".

El diputado Omar Plaini aseguró: “Lamento mucho el poco compromiso de algunos diputados que no vinieron”. Y resaltó el informe que hizo la Defensora: “Muy completo. Y preocupante la situación informada por defensora del Público, Cynthia Ottaviano”. En tanto, la diputada Cornelia Schmidt, aportó: “A lo que dijo la Defensora hay un punto que es fundamental: es citar, como ya pidieron los trabajadores, a los responsables, a los empresarios”.

La reunión contó con la representación de trabajadores y trabajadoras de los diarios Buenos Aires Económico (BAE), El Argentino zona Norte, Tiempo Argentino y La Nación; Editorial Atlántida, la agencia de noticias Télam, las radios América, Madre, Kermes de La Pampa, Nacional; el canal 360 TV, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) y la (Fetracom) de Rosario. Según un relevamiento realizado por la Defensoría del Público en una reunión con trabajadoras, trabajadores y representantes sindicales, en los últimos seis meses, más de 2500 personas que se desempeñan en la radio y en la televisión se encuentran enfrentan despidos masivos y arbitrarios, precarización laboral y persecución sindical e ideológica.

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En la Defensoría del Público distintos actores de la industria audiovisual acercaron sus inquietudes en relación a las circunstancias que vive el sector con los cambios producidos por el Poder Ejecutivoen la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

La Defensoría del Público recibió a representantes de las organizaciones que se agrupan en la Mesa Multisectorial por el Trabajo, la Ficción y la Industria Nacional Audiovisual que hicieron llegar su preocupación, propuestas e inquietudes al organismo en relación a las modificaciones de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual impuestas por el Poder Ejecutivo y su impacto en los puestos laborales.

La Lic. Cynthia Ottaviano, Defensora del Púbico, destacó la posición del organismo en relación a la temática: "Para esta Defensoría la promoción de la producción nacional es una prioridad" asguró y agregó: “Consideramos que esas modificaciones son el mayor retroceso en materia audiovisual desde la recuperación de la democracia y no hay posibilidad de una democracia fuerte si hay comunicación concentrada".

La Mesa Multisectorial transmitió su inquietud y preocupación debido a “que el Poder Ejecutivo ha omitido toda consideración temática ligada a la importancia de las industrias audiovisuales y la presencia de contenidos nacionales, especialmente los de la ficción y al trabajo Argentino en los medios de comunicación, las redes y las plataformas diversas, en la Resolución N° 9/2016 del Ministerio de Comunicación, para el anteproyecto de Ley Marco regulatorio para las Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual ni la Resolución N° 1394 del Enacom”.

El coordinador de la Multisectorial, Guillermo Tello, afirmó: “La reunión para nosotros fue muy develadora y productiva porque hemos escuchado los balances y trabajos que viene realizando la Defensora del Público y para nosotros es de importancia el conocimiento de la realidad que viene transitando no solo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), como su aplicación, y cuales son las dificultades que se han ido generando a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 267”.

“Hemos traído la inquietud y la preocupación del no funcionamiento de alguno de los planes de desarrollo de la industria y la producción audiovisual tanto en las distintas instituciones como la ex Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y ahora el Ente Nacional de Comunicaciones (Eacom) o también en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) en el caso de que no se aplican algunos de los fomentos que deberían estar aplicados también para la producción de contenidos televisivos como en el caso de telefilm”, dijo Tello.

La Mesa Multisectorial agrupa a la Asociación Argentina de Intérpretes (AADI), la Asociación Argentina de Actores, la Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales (APIMA), la Sociedad General de Autores de la Argentina (argentores), la Cámara Argentina de Productoras Pymes Audiovisuales (CAPPA), Directores Argentinos Cinematográficos (DAC), Directores de Obras Audioviuales para Televisión (DOAT), Asociación Argentina de Editores Audiovisuales (EDA), Federación Argentina de Músicos Independientes (FA-MI), Sindicato Argentino de Autores (SADA), Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC), Sindicato Argentino de Músicos (sadem), Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI), Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID), Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (SICA) y el Sindicato Único de Trabajadores Espectáculo Público (SUTEP).

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El organismo solicitó la inmediata intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) en el caso Antena Negra TV “a efectos de resolver este conflicto legal por la vía administrativa”.

El pedido se produjo en el marco del reclamo realizado por el señor Ezequiel Medone, integrante de Antena Negra TV, quien requirió la intervención de la Defensoría del Público para proteger el derecho al acceso a la información y la actividad que desarrollan los medios de comunicación comunitaria, teniendo en cuenta el “…peligro de censura y cercenamiento de la libertad de expresión al que estamos expuestos” y exigiendo que: “estos conflictos puedan resolverse en favor de los medios comunitarios, alternativos y populares”.

En la nota enviada al ENACOM, la Defensora del Público, Lic. Cynthia Ottaviano, sostiene, además, que “resulta necesaria la inmediata descriminalización de la comunicación ya que la comunicación comunitaria, alternativa y popular no es un accionar delictivo” sino que representa “la expresión más genuina de un pueblo, en el ejercicio de su derecho humano a la comunicación” y por lo tanto “debe ser salvaguardado por el Estado, generando las condiciones de universalidad y acceso a ese derecho, con reglas claras e igualitarias”.

Al mismo tiempo, la Defensoría enfatizó su firme voluntad de propiciar “la no judicialización de la comunicación y la creación de espacios de diálogo” por lo que “correspondería iniciar un procedimiento administrativo de regularización de la situación de las emisoras, con todas las garantías constitucionales, y evitando incurrir en graves afectaciones a la libertad de expresión y al derecho al acceso a la información del público”.

Junto con el escrito enviado al ENACOM, se le adjuntó una copia del amici curiae presentado en la causa penal N° 3.169/2015, caratulada “N.N. S/ Interrupción de las comunicaciones”, dictamen de la Fiscalía Federal N° 6 y de la resolución judicial de primera instancia, que recogen los argumentos expresados por la Defensoría del Público oportunamente.

En una demostración de preocupación por el conflicto, la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH en su informe anual 2015 alertó por la situación del sector comunitario y se refirió expresamente a las recomendaciones realizadas por la Defensoría del Público a la Autoridad de Aplicación de la Ley 26.522.

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Trabajadoras, trabajadores y representantes sindicales, asistieron a la sede del organismo para trazar un cuadro de situación sobre las afectaciones a los derechos de más de 2500 personas que se desempeñan en la radio y en la televisión.

Frente a las afectaciones a los derechos de más de 2500 (1) personas que trabajan en los servicios de comunicación audiovisual provocadas por despidos masivos y arbitrarios, precarización laboral y persecución sindical e ideológica durante los últimos seis meses, la Defensoría del Público recomienda a las autoridades nacionales y provinciales la adopción de medidas urgentes y efectivas para evitar nuevas vulneraciones a los derechos laborales, a la libertad de expresión y a los derechos de las audiencias; y revertir las ya producidas.

De acuerdo con la información recabada en diálogo con trabajadores y trabajadoras y sus representantes, quienes asistieron a una reunión en la sede del organismo, la situación se agrava en un contexto en el que se discontinuó el pago de la publicidad oficial y la realización de proyectos audiovisuales impulsados por políticas públicas estatales. Además, se oculta información sobre la titularidad de las licencias sin que los organismos con competencia específica ofrezcan soluciones, afectando la libertad de expresión y los derechos de las audiencias, quienes han manifestado ante la Defensoría en los últimos meses su preocupación por el silenciamiento de esta situación general y la reducción de espacios mediáticos que canalicen la pluralidad de voces y la diversidad de perspectivas de la sociedad.

Las leyes nacionales e instrumentos internacionales de derechos humanos protegen el trabajo y la estabilidad del empleo, pronunciándose contra el despido y protegiendo la continuidad de la prestación de los servicios de comunicación audiovisual. Fundamentalmente, la Declaración Universal de Derechos humanos en su artículo 23; el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el artículo 7 inciso d) del Protocolo de San Salvador. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su Carta incorpora a la libertad de expresión dentro de sus cuatro principios fundamentales sobre la dignidad humana y se pronuncia en el Convenio N° 158 y en la Recomendación N° 166, sobre la anulación del despido arbitrario y la reposición en el puesto de trabajo. Sobre todo en afectaciones y despidos que impliquen la violación de otros derechos humanos, en este caso la libertad de expresión, el derecho a la información y los derechos de las audiencias.

En función de lo expuesto y reconociendo que la precarización laboral y los despidos masivos en los servicios de comunicación audiovisual lesionan la libertad de expresión, a la vez que funcionan como factores de disciplinamiento editorial y social, la Defensoría del Público recomienda a los Poderes Ejecutivos nacional y provinciales, en particular a los ministerios nacionales de Trabajo, Empleo y Segurdad Social y de Desarrollo Social, al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), a la Comisión Redactora para la Elaboración del Proyecto de Reforma, Actualización y Unificación de las Leyes 26.522 y 27.078 y a ambas cámaras del Congreso Nacional, sobre todo a sus Comisiones encargadas de abordar las problemáticas laborales y comunicacionales, que adopten en el marco de sus competencias, medidas inmediatas y efectivas para evitar las afectaciones al derecho humano a la comunicación y revertir las vulneraciones que ya se han producido.

Este cuadro de situación, también fue puesto en conocimiento de la Relatoría Especial sobre la Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de las Naciones Unidas y de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a partir de las denuncias recibidas realiza un seguimiento específico del estado de cumplimiento de la libertad de expresión en la Argentina.

 

  1. Se registraron las siguientes situaciones: despidos y/o retiros voluntarios de 123 personas en la señal de noticias CN23; proceso de vaciamiento en Radio América con el abandono de 126 trabajadoras y trabajadores; 13 despidos en Canal 26; más de diez en Crónica TV; ocho en Radio Continental; 20 en Radio Nacional; posible vaciamiento y abandono de 26 trabajadores en Radio Madres; sueldos adeudados a 100 personas en la señal de noticias 360TV; pago de salarios en cuotas a 32 personas en Radio Splendid y a 140 personas en Radio del Plata; 300 puestos de trabajo en riesgo en radios FM de Córdoba y 220 en los servicios de Radio y Televisión, también de Córdoba; 25 trabajadores precarizados en Radio El Mundo; 40 con incumplimiento salarial en Radio Rivadavia; siete personas despedidas en el Sistema de Televisión Digital del Estado Nacional. Esta situación se verifica también en medios gráficos y portales periodísticos en Internet: 14 personas han sido despedidas en el diario "El Argentino"; 32 en "La Mañana" de Córdoba y 30 incluidas en el proceso preventivo de crisis; 2 delegados fueron despedidos en BAE-Crónica; 50 personas en Infonews, más de 200 en Tiempo Argentino; 30 en las publicaciones zonales de ese diario y 24 personas en Infojus Noticias. A las conflictividades laborales enumeradas se suman alrededor de 1000 puestos de trabajo que se perdieron por la discontinuidad de proyectos audiovisuales impulsados por políticas públicas estatales.
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La Defensora del Público, Lic. Cynthia Ottaviano, debatió con alumnas y alumnos del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nro. 77, del partido de Vicente López.

“Los medios de comunicación son dispositivos que construyen sentidos y esa construcción responde a objetivos determinados. Hablamos de medios que crean subjetividades, formas de ver la vida que no siempre son inclusivas, sino que por el contrario muchas veces son discriminatorias”. De esa manera, la Defensora del Público, Lic. Cynthia Ottaviano, arrancó la charla que duró dos horas con estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nro. 77, del partido de Vicente López.

La actividad respondió a la invitación del Centro de Estudiantes a la Defensoría para que su titular contara de qué manera trabaja el organismo, que desde hace más de tres años responde a distintos reclamos y denuncias de oyentes y televidentes de todo el país y cumple con la tarea pedagógica de difundir el derecho humano a la comunicación.

Los y las jóvenes admitieron haber sido formados en la idea social de la radio y la televisión como sinónimos de negocio y mostraron interés en el concepto de “servicio de comunicación audiovisual” incorporado con la aprobación de la Ley. “Vivimos en una sociedad mediatizada -agregó Ottaviano-, con medios concentrados que profundizan las desigualdades. Por eso, teniendo como eje el derecho humano que todos tenemos a la comunicación, debemos instar a que surjan cada vez más voces. No necesitamos ser 'mediados' por otros, sino que tenemos derecho a comunicar nosotros mismos. Ese fue el cambio más importante que introduce la Ley”.

El intercambio tocó temas como la estigmatización, la poca representación de ellos mismos en las programaciones y la manera en que la publicidad estimula conductas discriminatorias. Una de las dudas planteadas por los y las estudiantes fue cómo surgió la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, qué cambios introdujeron los DNU emitidos por el Presidente de la Nación y cómo participan en las actividades que realiza la Defensoría.

Entre los asistentes no sólo había alumnos, además presenciaron la charla rabajadoras sociales y docentes que desarrollan distintos proyectos de inserción en los barrios del norte del conurbano.

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